Historia de México Unidad - 8 - "México contemporáneo (1940 - 2000)" 8.4

La política neoliberal en México y la globalización (1982-2006) 


La crisis cada vez más aguda del bloque comunista y la presumible hegemonía estadounidense tras el fin de la Guerra Fría, así como el auge de nuevas tecnologías de punta como la informática, fueron factores de un modelo de globalización que ha dejado sentir sus efectos hasta la fecha.

En 1982 inicia la era de la tecnocracia, la cual distingue a los últimos gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las características generales de los gobiernos tecnócratas son

  • Apertura comercial 
  • Profesionalización de la administración pública 
  • Estrategia basada en un plan nacional de desarrollo

*Miguel de la Madrid Hurtado (1982 - 1988)

Al iniciar el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado el presidencialismo se hallaba totalmente debilitado. Sin un liderazgo nacional y con una profunda crisis en todos los aspectos de la vida nacional, las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda externa dieron origen a un nuevo modelo de desarrollo, lento y conflictivo: la apertura comercial a favor de capitales foráneos en el contexto de una economía mundial neoliberal que obligaba a México a incorporarse.

En 1983 De la Madrid presentó ante la nación su estrategia económica para el resto del sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) con cuatro objetivos básicos:

  • Sostener la vida democrática del país 
  • Superar la crisis 
  • Fortalecer el crecimiento real 
  • Realizar los ajustes económicos, políticos y sociales que el país requiera 

Con una política de supuesta renovación moral, De la Madrid enfrentó la ruina económica, política y social más grave de México en tiempos modernos, una situación crónica herencia de sexenios anteriores. De la Madrid rompió con la proliferación de empresas de participación estatal y reanudó, en aras de una apertura económica, la reprivatización bancaria y la participación de la iniciativa privada en rubros tradicionalmente reservados para la administración del Estado, como la inversión petrolera y la infraestructura de carreteras y sistemas de comunicación. Sostuvo una estrategia de deslizamiento del peso para amortiguar los efectos de la devaluación, renegoció la deuda externa a través de la venta de paraestatales y de bonos equivalentes a letras de cambio. 

Durante su gobierno se suscitaron siniestros, uno social, como la explosión de ductos petroleros en San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México en noviembre de 1984, y los sismos de septiembre de 1985: hechos trágicos que precipitaron la ruptura del sistema político dentro del PRI y que, junto con otros factores como la crisis económica, el fortalecimiento de la oposición partidista y la inconformidad social, propiciaron nuevas actitudes electorales para la transformación de la vida democrática al finalizar el régimen de Miguel de la Madrid.

Al finalizar su administración, Miguel de la Madrid estableció el Pacto de Solidaridad con el firme propósito de contrarrestar la inflación y sostener el empleo; se trata de un mecanismo que presagia la estrategia del siguiente gobierno, y que en 1987 fue diseñado por el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

*Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

El conflicto electoral de 1988 devino en el fraude más escandaloso en la historia de México; el candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue derrotado por la oposición. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el triunfo en dichas elecciones, mientras que el candidato panista Manuel J. Clouthier quedó en segundo lugar. Sin embargo, el secretario de gobernación, Manuel Bartlet Díaz manipuló los resultados y declaró triunfador a Carlos Salinas. Esta crisis política motivó el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, y provocó que durante el sexenio de Salinas, entre 1988 y 1994, el priísmo sufriera un terrible debilitamiento.

El Plan Nacional de Desarrollo que Carlos Salinas de Gortari presentó para el periodo 1988-1994 tuvo como eje la soberanía nacional frente al extranjero, pero en el marco de una apertura al capital foráneo. Además, subrayaba la importancia del proceso democrático, la recuperación económica y el combate a la inflación.

La línea política trazada en el Pacto de Solidaridad evolucionó durante el mandato del presidente Salinas hacia un Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico con objetivos como:

  • Abatir la inflación mediante un balance de austeridad en las finanzas públicas. 
  • Mantener la estabilidad de precios. 
  • Sostener la producción e impulsar la recuperación del sistema productivo mediante el acuerdo entre los sectores de la producción y el Estado. 
Fue el sexenio en el que la pobreza la padecían 40 millones de mexicanos, lo cual puso en evidencia la ineficacia del llamado Pacto de Reconversión Económica entre los sectores de la producción a lo largo del gobierno salmista, así como el fracaso del Programa Nacional de Solidaridad para asistir a la población con menos recursos. El autoritarismo presidencial de Salinas de Gortari frente a un congreso plural que reclamaba una reforma del sistema electoral, fueron rasgos del sexenio salmista muy criticados, junto con el fraude electoral de 1988. En su sexenio incrementó la deuda externa, privatizó Teléfonos de México, y transfirió la banca al capital privado (reprivatización) tanto nacional como extranjero. En estas condiciones, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) desató desconfianza en la clase media, en los organismos obreros y campesinos y aun en las elites políticas y empresariales. Las reformas constitucionales para restablecer las relaciones entre el Estado y la Iglesia y para poner fin al reparto agrario, la enajenación de tierras ejidales y la privatización del campo —mediante los mecanismo del PROCAMPO— fueron detonadores que explican el estallido social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) justo el día en que entró en vigor el TLC, el I o de enero de 1994.

Como corolario de esta situación caótica, sucedió el asesinato del candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y posteriormente el de Mario Ruiz Massieu; ambos suscitaron un clima electoral de muchísima tensión ese año y un abstencionismo sintomático previo al triunfo del nuevo candidato priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, electo para el periodo 1994-2000.

* Ernesto Zedillo Ponce de León (1 994-2000) 

A Zedillo le tocó arrastrar todo el desprestigio del presidencialismo de las últimas décadas, y enfrentar una ruptura dentro del partido de Estado. Los llamados errores de diciembre de 1994, apenas iniciado el gobierno zedillista y la devaluación consecuente marcaron a este débil sexenio. La deuda contraída por Salinas de Gortari se contrajo con la promesa de pagos a corto plazo, pero la liquidez de dichos pagos “tomó por sorpresa” al nuevo gobierno. El vencimiento de dichos pagos repercutió en una descapitalización vertiginosa que repercutió en otras economías latinoamericanas (efecto Tequila). Además de los errores de diciembre, otros factores agudizaron la crisis económica a finales de 1994:

  • La devaluación del peso 
  • La apertura comercial que el TLC representó en un país tan endeble en cuestión financiera y estructural como México 
  • Los procesos inflacionarios 
  • La escasez del empleo 
  • La ruina de la pequeña y la mediana empresas 
  • La crisis bancaria que arrastró a los deudores  
Un proceso complejo y controvertido del gobierno zedillista fue el rescate bancario que a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) emprendió Zedillo. En este sentido, las UDIS fueron el instrumento para el rescate bancario que tenía el propósito de reestructurar la forma de pago de los deudores de la banca.

La prolongación del conflicto zapatista, a pesar de firmarse los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (para proteger los derechos y la cultura de la población indígena) representó un foco de tensión continua durante el régimen de Zedillo. Adicionalmente, las matanzas de Acteal, Chiapas, y de Aguas Blancas, Guerrero, suscitaron nuevos brotes de guerrilla que protagonizó el Ejército Popular Revolucionario, EPR.

En este panorama tan adverso, justo es reconocer que el gran acierto del régimen de Zedillo fue la consolidación del Instituto Federal Electoral y la apertura democrática que marcó el camino político de México por el rumbo de la alternancia. La derrota del partido oficial en las elecciones federales del 2000 favoreció el triunfo del candidato panista, Vicente Fox Quesada, en un acto aparentemente benéfico para la vida democrática del país, a pesar de las dificultades que en México subsistieron entre el 2000 y el 2006. 

* Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

Al inicio de su régimen Vicente Fox impulsó medidas fiscales para promover el IVA en alimentos, medicinas y libros, pero el rechazo generalizado llevó al fracaso a tales mecanismos. Fox anunció la inmediata solución del conflicto chiapaneco, pero el diálogo entre su gobierno y el EZLN no fue posible, muy a pesar de la “caravana zapatista” que arribó a la capital y llegó hasta el Congreso de la Unión en el 2001

En general, Vicente Fox no logró impulsar al interior del congreso importantísimas iniciativas de reforma fiscal y energética, lo cual representó un estancamiento del sistema político (“efecto Fox”). En cuanto a la política social de Fox, se puede considerar la relativa eficacia de programas como Oportunidades y el sistema de becas para estudiantes de escasos recursos, mecanismos que abatieron parcialmente la pobreza extrema, más no el contraste entre riqueza y pobreza de México. Tampoco se alcanzó la meta sensacionalista anunciada por Vicente Fox sobre un crecimiento económico de 7 por ciento en la economía nacional.

La eventual construcción de un nuevo aeropuerto a las afueras de la capital fue infructuosa, pues los campesinos comuneros de San Salvador Ateneo, en el Estado de México, realizaron movilizaciones contra dicha iniciativa. Otros aspectos conflictivos durante la presidencia de Fox fueron su actitud personal para promover una “cercanía” entre su gobierno y el episcopado de México (que puso en tela de juicio el principio del Estado laico), así como sus declaraciones en materia internacional; destaca singularmente el deterioro de relaciones entre México y países como Venezuela y Cuba.

Desde otra perspectiva, la presencia de las mafias del narcotráfico o de la industria del secuestro dentro de las mismas instituciones de gobierno, han rebasado la capacidad del Estado para mantener la seguridad pública y el rumbo de la vida nacional. Conflictos como el desafuero del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, o el suscitado en Oaxaca (conflicto magisterial), cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —ligada a la APPO—, recrudecieron las críticas contra la presidencia de Fox, ya que ésta no mostró capacidad para negociar eficazmente soluciones ni para restaurar oportunamente el orden. Pero el sexenio foxista llegó a su epílogo con las controvertidas elecciones federales del 2006. Las campañas de todos los partidos estuvieron marcadas por el despilfarro de recursos financieros y por ataques y descalificaciones mutuas. El presidente Fox mismo se involucró en discusiones con los candidatos de oposición. Tras realizarse la jornada electoral del domingo 6 de julio del 2006, los resultados oficiales publicados por el IFE, en un ambiente turbio y suspicaz, desataron fuertes acusaciones sobre un presunto fraude. El escándalo trascendió hasta el Tribunal Electoral, organismo que avaló el triunfo de Felipe Calderón, pero que también amonestó al presidente Fox por intervenir en la elección mediante declaraciones y por la manipulación de programas sociales a favor del candidato panista.

* Felipe Calderón Hinojosa, actual presidente a partir del 2006

El actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se planteó desde su inicio, en diciembre del 2006, impulsar el empleo, combatir al narcotráfico y agilizar el diálogo con el congreso para fomentar reformas urgentes en materia fiscal, electoral, de energéticos y en la Ley del ISSSTE. Los asuntos tratados al interior de las cámaras en los últimos meses se tornan complicados y muy polémicos, según las posiciones partidistas, las protestas de diversos sectores sociales y las vicisitudes técnicas y jurídicas de ese conjunto de modificaciones. Así, por ejemplo, numerosos sindicatos agremiados al ISSSTE han rechazado los cambios, por considerar que lesionan sus derechos y la seguridad de futuros pensionados. Por su parte, la reforma electoral no toca el tema sobre una eventual segunda vuelta en el caso de empate de candidatos presidenciales, pero autoriza la remoción de los consejeros del IFE, con lo cual se pone en entredicho la autonomía de dicho instituto. Además, se estipula la prohibición de la compraventa de espacio en medios electrónicos para la promoción de candidatos y campañas electorales, modalidad que ha suscitado controversias y un abierto rechazo de las más poderosas cadenas de radio y televisión en México.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea cinco ejes de acción del gobierno federal:

  • La seguridad nacional como fundamento del Estado de derecho 
  • Generación de empleos y competitividad económica 
  • Igualdad de oportunidades 
  • Desarrollo sustentable a favor del ambiente 
  • Democracia efectiva y responsabilidad en materia de política exterior
Desde la perspectiva oficial, dicho plan se propone la transformación del país a largo plazo, y establece como fecha el año 2030 para alcanzar un desarrollo humano sustentable. En lo inmediato, la dificultad para introducir los cambios políticos y económicos propuestos nace en el seno de Congreso de la Unión, pues las reformas que la iniciativa del Ejecutivo introduce para su discusión ante el Poder Legislativo requieren un enorme y complicado debate nacional sobre el destino del petróleo mexicano. Entre los principales puntos que este debate político nacional genera, hay que considerar la eventual necesidad de privatizar la industria petrolera del país, modificando el contenido actual del artículo 27 constitucional. Éste parece ser el criterio que promueve el Poder Ejecutivo, pero amplios sectores políticos y sociales exigen una reforma que no privatice al petróleo de la nación. El debate también gira en torno a cómo lograr la sustentabilidad en la explotación petrolera, garantizando la integridad del ambiente; además se discute cómo alcanzar la autosuficiencia energética para un futuro inmediato —ya que seguir simplemente exportando crudo, es poco recomendable— y cómo reestructurar la fiscalización de PEMEX para lograr que se recapitalice y que sus recursos financieros se sanen. 

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